Repudio de Amnistía Internacional a los linchamientos PDF Imprimir E-mail
País - Política
Jueves, 10 de Abril de 2014 13:32

A través de un comnicado, Amnistía Internacional insta al Estado argentino a que tome medidas urgentes para evitar nuevos linchamientos e intentos de linchamientos y garantizar que los casos registrados en los últimos días sean investigados sin demora, sus responsables sean llevados ante la Justicia y que las víctimas reciban reparación.

La organización también convoca a los miembros de todos los poderes del Estado y a los dirigentes políticos y sociales en general a dar un mensaje claro a la sociedad en contra de los linchamientos, ya que su deber es proteger los derechos de todas las personas.

El linchamiento, o ejecución sumaria del autor o sospechoso de un delito en el lugar en que fue capturado, es un homicidio. Aunque en el pasado ha sido aceptado en distintas sociedades y ha tenido amplio respaldo social, igual que la esclavitud o la segregación racial, constituye una grosera violación de los derechos humanos.

Los linchamientos no hacen más segura a una sociedad, sino que, por el contrario, la tornan más violenta. Se trata de la aplicación de una pena cruel, degradante e inhumana, impuesta sin juicio previo y sin posibilidad de defensa. Puede generar consecuencias irreparables y dar lugar a represalias.

Los linchamientos no resultan en una baja de la tasa de delitos, sino, por el contrario, en una generalización de la violencia. Una policía mejor equipada y un sistema eficiente de administración de justicia son las herramientas adecuadas para combatir el delito.

A principios del Siglo XX, cuando los linchamientos se fueron convirtiendo en socialmente inaceptables, la exigencia pública de ejecutar a los presuntos culpables de delitos se satisfizo garantizando la aplicación de la pena de muerte, que aún está vigente en varios países. Amnistía Internacional se opone tanto a los linchamientos y a la pena de muerte incondicionalmente por constituir violaciones del derecho a la vida, del derecho a la integridad física y del derecho a no ser objeto de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, según proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.